viernes, 30 de julio de 2010

PLAZOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE RECIBOS O ADEUDOS DOMICILIADOS SEGÚN LA LEY 16/2009 Y LA INSTRUCCIÓN SNCE/A/05/853

Con la entrada en vigor el 4 de diciembre de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, se regula expresamente en la misma el derecho de los clientes a devolver los recibos con domiciliación bancaria o adeudos domiciliados, cobrando especial importancia la autorización expresa para emitir giros derivados de las facturas generadas. Con la nueva Ley se distinguen dos plazos para dar la orden de devolución, que se aplican en función de si el cargo en cuenta estaba o no previamente autorizado.

Para considerar autorizada una operación de pago será necesario acreditar el consentimiento previo para su ejecución, lo cual conseguiremos mediante un escrito en el que confirmaremos la cuenta bancaria y solicitaremos expresamente el permiso para emitir contra dicha cuenta los giros generados como consecuencia de la relación comercial entre las compañías. Este consentimiento puede ser retirado salvo que la orden de pago emitida sea ya irrevocable, de conformidad con el art.37 de la Ley.

Distinguiremos pues entre:

Operaciones no autorizadas. Estas se recogen en el artículo 29 de la Ley que dice:

1. Cuando el usuario de servicios de pago tenga conocimiento de que se ha producido una operación de pago no autorizada o ejecutada incorrectamente, deberá comunicar la misma sin tardanza injustificada al proveedor de servicios de pago, a fin de poder obtener rectificación de éste.

2. Salvo en los casos en los que el proveedor de servicios de pago no le hubiera proporcionado o hecho accesible al usuario la información correspondiente a la operación de pago, la comunicación a la que se refiere el apartado precedente deberá producirse en un plazo máximo de trece meses desde la fecha del adeudo o del abono.

Cuando el usuario no sea un consumidor, las partes podrán pactar un plazo inferior distinto del contemplado en el párrafo anterior.

Operaciones autorizadas. Se recogen en el artículo 34 de la Ley que dice:

1. El ordenante podrá solicitar la devolución a que se refiere el artículo 33 por una operación de pago autorizada iniciada por un beneficiario o a través de él, durante un plazo máximo de ocho semanas contadas a partir de la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta.

2. En el plazo de diez días hábiles desde la recepción de una solicitud de devolución, el proveedor de servicios de pago deberá devolver el importe íntegro de la operación de pago o bien justificar su denegación de devolución, indicando en este caso los procedimientos de reclamación, judiciales y extrajudiciales, a disposición del usuario.

Para poder ejercitar el derecho de devolución de los recibos autorizados siempre que se satisfagan las siguientes condiciones:

- Cuando se dio la autorización, ésta no especificaba el importe exacto de la operación de pago

- Cuando el importe supera el que el ordenante podía esperar razonablemente teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto, las condiciones de su contrato marco y las circunstancias pertinentes al caso.

No obstante, el cliente, a requerimiento de la entidad, deberá aportar los datos a relativos a dichas condiciones. Ahora bien: el cliente y la entidad podrán convenir en el contrato marco que el ordenante tenga derecho a devolución de adeudos domiciliados incluso cuando no se cumplan las condiciones para la devolución contempladas anteriormente.

Por otra parte, desde el 22 de junio de 2010 ha entrado en vigor la instrucción SNCE/A/05/853 publicada por el SNCE sobre el tratamiento de los anticipos de crédito (cuaderno AEB 58) modificado las prácticas bancarias en lo relativo a las fechas de devolución de los recibos o adeudos domiciliados, cesiones de crédito y efectos descontados entre no consumidores, pudiendo solicitarse la devolución de una operación de pago. Con la Ley 16/2009 no se limitaba la posibilidad de devolución dentro de las 8 semanas, pero con esta nueva instrucción se especifican los siguientes plazos.

En 5 días hábiles contados desde la fecha de liquidación se puede devolver por cualquier motivo y la entidad del beneficiario no puede rechazar la devolución.

Entre el 6º día hábil y las 8 semanas desde la fecha de cargo se podrá solicitar la devolución de un adeudo en gestión de aceptación solo si al autorizar la operación no se indicó el importe exacto y además el importe del cargo supera lo que razonablemente se podría esperar atendiendo a sus anteriores pautas de gasto. En este caso la devolución podrá ser rechazada en 10 días hábiles, siempre que se acompañe copia de la orden de domiciliación, firmada y vigente en la fecha de presentación del adeudo original, o documentación con el consentimiento dado por el cliente deudor.

lunes, 19 de julio de 2010

EN LOS ABONOS POR DEVOLUCIONES DE MERCANCIAS SE APLICARA EL TIPO DE IVA VIGENTE EN EL MOMENTO DE DEVENGO DE LA OPERACIÓN.

Todos los descuentos posteriores a la realización de la operación, entre los que se incluyen los abonos por devoluciones de mercancía, o la corrección de errores, llevan aparejada una modificación de la base imponible y la expedición de una factura rectificativa. Se aplicará por tanto el tipo impositivo vigente en el momento del devengo de la operación u operaciones a que se refiere.

Por lo tanto no se haría una factura de abono, sino una factura rectificativa que tendrá su origen en la factura emitida en el mes que corresponda.

Las facturas rectificativas irán con el IVA correspondiente a la factura que se rectifica, es decir, que si hacemos un abono o factura rectificativa de una factura con el 16% el abono irá con el 16%.

El Art 80. de la Ley 37/1992 en donde se regulan las modificaciones de la base imponible, en su apartado dos nos dice que cuando por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente.

Por su parte, en el artículo 24 del REAL DECRETO 87/2005 por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido nos dice que en los casos a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto, el sujeto pasivo estará obligado a expedir y remitir al destinatario de las operaciones una nueva factura o documento sustitutivo en la que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida, en la forma prevista en el artículo 13 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.

Y que nos dice el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. En el artículo 13, punto 2 se especifica que será obligatoria la expedición de una factura o, en su caso, documento sustitutivo rectificativo en los casos en que las cuotas impositivas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente o se hubieran producido las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80

de la Ley del Impuesto, dan lugar a la modificación de la base imponible. No obstante, cuando la modificación de la base imponible sea consecuencia de la devolución de mercancías o de envases y embalajes que se realicen con ocasión de un posterior suministro que tenga el mismo destinatario y por la operación en la que se entregaron se hubiese expedido factura o documento sustitutivo, no será necesaria la expedición de una factura o documento sustitutivo rectificativo, sino que se podrá practicar la rectificación en la factura o documento sustitutivo que se expida por dicho suministro, restando el importe de las mercancías o de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha operación posterior. La rectificación se podrá realizar de este modo siempre que el tipo impositivo aplicable a todas las operaciones sea el mismo, con independencia de que su resultado sea positivo o negativo. Por lo tanto al variar el tipo impositivo si es necesario realizar una factura rectificativa.

Ejemplo: En junio de 2010 se adquiere mercancia por importe de 20.000 euros, aplicando el tipo impositivo del 16 por ciento. Si de esta mercancía devolvemos en el mes de julio 10.000 €, a esta devolución se le aplicará el tipo del 16 por ciento, que es el vigente en junio de 2010 fecha de devengo del impuesto.

En el caso de los rappels o descuentos por volumen de ventas de un determinado periodo, que puede comprender operaciones al 16 por ciento y al 18 por ciento, se modificará la base imponible y la correspondiente cuota del IVA teniendo en cuenta esta circunstancia, es decir, se rectificará considerando la parte del año a que correspondan las operaciones que dan lugar al descuento, aplicando a cada periodo el tipo que estuviera vigente.

En general, cualquier rectificación en una factura debida a un error se efectuará aplicando el mismo tipo impositivo de la factura que es objeto de rectificación. (Consulta de la DGT V0644-10, de 8 de abril de de 2010).

sábado, 3 de julio de 2010

LA IMPORTANCIA DEL MOMENTO DEL DEVENGO EN LA SUBIDA DEL IVA

El 1 de julio entro en vigor la subida de los tipos impositivos de IVA, que pasa del 16% al 18% en el tipo general y del 7% al 8% en el tipo reducido, que se aplica principalmente a productos alimenticios y sanitarios, servicios de transporte, hostelería y culturales, adquisición y rehabilitación de viviendas, etc., manteniéndose constante el tipo súper reducido del 4% aplicable a bienes de primera necesidad, medicamentos, libros y revistas, prótesis y vehículos especiales.

Para determinar el IVA aplicable es fundamental la determinación del momento del devengo del impuesto que es lo que determinará la normativa aplicable, la obligación de facturación y repercusión del IVA y el nacimiento del derecho a su deducción.

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, determina en el artículo 75, del Título IV, Capítulo I el devengo del impuesto, indicándonos que se devengará:

1.º En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en las entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos de venta con pacto de reserva de dominio o cualquier otra condición suspensiva, de arrendamiento-venta de bienes o de arrendamiento de bienes con cláusula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes, se devengará el impuesto cuando los bienes que constituyan su objeto se pongan en posesión del adquirente.

2.º En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.

No obstante, cuando se trate de ejecuciones de obra con aportación de materiales, en el momento en que los bienes a que se refieran se pongan a disposición del dueño de la obra.

3.º En las transmisiones de bienes entre el comitente y comisionista efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta, cuando el último actúe en nombre propio, en el momento en que el comisionista efectúe la entrega de los respectivos bienes.

Cuando se trate de entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos por los que una de las partes entrega a la otra bienes muebles, cuyo valor se estima en una cantidad cierta, obligándose quien los recibe a procurar su venta dentro de un plazo y a devolver el valor estimado de los bienes vendidos y el resto de los no vendidos, el devengo de las entregas relativas a los bienes vendidos se producirá cuando quien los recibe los ponga a disposición del adquirente.

4.º En las transmisiones de bienes entre comisionista y comitente efectuadas en virtud de contratos de comisión de compra, cuando el primero actúe en nombre propio, en el momento en que al comisionista le sean entregados los bienes a que se refieran.

5.º En los supuestos de autoconsumo, cuando se efectúen las operaciones gravadas.

No obstante, en los casos a que se refiere el artículo 9, número 1.º, letra d), párrafo tercero, de esta Ley, el impuesto se devengará:

a) Cuando se produzcan las circunstancias que determinan la limitación o exclusión del derecho a la deducción.

b) El último día del año en que los bienes que constituyan su objeto se destinen a operaciones que no originen el derecho a la deducción.

c) El último día del año en que sea de aplicación la regla de prorrata general.

d) Cuando se produzca el devengo de la entrega exenta.

6.º En las transferencias de bienes a que se refiere el artículo 9, número 3.º, de esta Ley, en el momento en que se inicie la expedición o el transporte de los bienes en el Estado miembro de origen.

7.º En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o continuado, en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las operaciones a que se refiere el párrafo segundo del número 1.º precedente.

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.

Por tanto los pagos anticipados efectuados antes del 1 de julio de 2010 devengarán el impuesto a los tipos vigentes antes de dicha fecha, es decir 16% y 7%, mientras que las cantidades pendientes que se abonen con posterioridad a dicha fecha tributaran a los nuevos tipos del 18% y 8%, siempre y cuando los bienes o servicios a que se refieran estén identificados con precisión.

Uno de los puntos más conflictivos lo encontramos en las facturas de alquileres, suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o continuado, que se devenga en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción. Esto se traduce en que las facturas de luz, agua, el agua, el teléfono o el gas de los meses de junio, o incluso anteriores, llevarán ya incorporada la subida del IVA, al obligar la ley a las compañías de suministro a aplicar el gravamen vigente en el momento de la facturación, independientemente de la fecha de consumo.