jueves, 29 de abril de 2010

EL IVA Y LA CONTABILIZACIÓN DE LAS FACTURAS DE CORREOS

En algunas facturas de correos aparece una nota que dice que de acuerdo con las resoluciones de la Agencia Tributaria de 28 de diciembre de 2005 y 10 de enero de 2006, el importe del IVA incluido en esa factura asciende al 6,68%, al 7,51% o otro porcentaje del precio total consignado.

Lo primero que se nos viene a la cabeza es el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA (redacción dada por la Ley 23/2005, de 18 de noviembre de reformas en materia tributaria para el impulso de la productividad, BOE del 19 de noviembre), que nos dice que están exentas las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a ellas, que constituyan el servicio postal universal y estén reservadas al operador al que se encomienda su prestación, de acuerdo con la Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales.

En el artículo 18 de dicha Ley se especifican los servicios reservados al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal en los siguientes términos:

1. Quedarán reservados, con carácter exclusivo, al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, al amparo del artículo 128.2 de la Constitución y en los términos establecidos en el capítulo siguiente, los siguientes servicios incluidos en el ámbito de aquél:

A) El servicio de giro.

B) La recogida, la admisión, la clasificación, la entrega, el tratamiento, el curso, el transporte y la distribución de los envíos interurbanos, certificados o no, de las cartas y de las tarjetas postales, siempre que su peso sea igual o inferior a 50 gramos, para que cualesquiera otros operadores puedan realizar este tipo de actividades, respecto de los objetos que integren envíos interurbanos, el precio que habrán de exigir a los usuarios deberá ser, al menos, cinco veces superior al montante de la tarifa pública correspondiente para los envíos ordinarios de objetos de la primera escala de peso de la categoría normalizada más rápida.

Los envíos nacionales o transfronterizos de publicidad directa, de libros, de catálogos, y de publicaciones periódicas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15.2.B), no formarán parte de los servicios reservados.

C) El servicio postal transfronterizo de entrada y de salida de cartas y tarjetas postales, con los límites de peso y precio establecidos en el apartado B). Se entiende por servicio postal transfronterizo, a los efectos de esta Ley, el procedente de otros Estados o el destinado a éstos.

D) La recepción, como servicio postal, de las solicitudes, de los escritos y de las comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas, conforme al artículo 38.4.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En base a esto, las resoluciones de la Agencia Tributaria de 28 de diciembre de 2005 y 10 de enero de 2006 nos dicen que:

Resultando que, tras la citada modificación legislativa del régimen de tributación del IVA de los servicios postales, resulta imposible de conocer “a priori” en el momento de la facturación, si el servicio postal que se va a prestar va estar o no exento de IVA, dependiendo si está o no reservado en exclusiva al operador al que se encomiende su prestación.

Resultando que correos tiene reservado en exclusiva el transporte de los envíos de cartas y tarjetas postales, certificados o no, de hasta 50 gramos, fuera del término municipal donde haya tenido lugar su admisión, que en consecuencia será el lugar de la generación del envío, y que, por tanto, la aplicación a estos servicios de la exención contenida en el citado artículo 20. uno. 1º estará condicionada a que el envío sea depositado y admitido en un término municipal distinto de aquél al que vaya dirigido, en cuyo caso el servicio quedará sujeto y exento en el impuesto.

Resultando que, de acuerdo con los datos suministrados por la “SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.” son notablemente superiores a los procedentes de la venta de sellos de correos.

El departamento de Gestión tributaria ha resuelto:

Autorizar a la entidad “SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.” para que en la venta de sellos de correos, estampillas y otros signos de correo se pueda expedir y entregar una factura completa sin que en la misma conste alusión alguna al impuesto sobre el IVA, cuando los destinatarios así lo exijan.

La correcta repercusión y deducíbilidad del IVA podrá justificarse, bien de forma global si se fijase, en su caso, por la Dirección General de Tributos en base a consulta planteada un porcentaje de deducíbilidad “a forfait” en función de la proporción que en el Servicio Postal no Reservado represente en el total de Servicios Postales prestados por la Entidad, bien de forma individualizada a través de un seguimiento particular de cada uno de los clientes de la Entidad, efectuando de las adquisiciones mencionadas y de su posterior uso en los envíos postales.

Consultando a Correos sobre este asunto, transcribo la contestación por ellos remitida:

El Ministerio de Economía y Hacienda ha autorizado a Correos a emitir, en ciertos casos, facturas en las que no conste ninguna alusión al IVA. En estos casos, de acuerdo con esa autorización, lo que hace Correos es indicar en esas facturas un porcentaje que, aplicado sobre el importe total de la misma, sirve al cliente para saber qué cantidad de IVA se puede deducir. Actualmente, este porcentaje es del 6,68%.

A continuación le mostramos un ejemplo para saber cómo debe realizar los cálculos:

En una factura de 1000€, la aplicación de este porcentaje, se haría de la siguiente manera:

Importe total de la factura: 1.000 €

Porcentaje de IVA deducible: 6,68% de1.000 € (=66,80€)

Cantidad de IVA deducible: 66,80 €

Base imponible total de la factura: 933,20 € (= 1.000– 66,80)

Es decir, en este caso el cliente se puede deducir (IVA deducible) 66,80 euros.

La base imponible total de la factura es 933,20 euros, de donde 417,50 € sería la parte de la base correspondiente a ese IVA (=66.80/ 0,16), y el resto, 515,70 €, sería la parte de la base correspondiente a servicios exentos de IVA.

Le recordamos que este 6,68% no es el tipo de gravamen del IVA de la factura, sino tan sólo un porcentaje para que el cliente calcule el IVA que se puede deducir. El tipo de gravamen del IVA es el 16%, si bien no se recoge en factura porque, de acuerdo con la autorización de Hacienda, estas facturas no tienen que recoger ninguna mención al IVA (salvo al porcentaje citado).

 
CONTABILIZACIÓN

Si contabilizáramos el ejemplo anterior realizaríamos los siguientes apuntes:

933,20 (629) Otros servicios

66,80 (472) Iva Soportado (16%)

                                                  a Caja (570) 1.000

                              ----------x-----------

Nota: Al contabilizar la factura en un programa de contabilidad deberemos desglosar la base en los 417,5 que sería la base correspondiente a los 66,80 € de IVA al 16% y los 517,7 € que sería la parte de base correspondiente a los servicios exentos de IVA.

miércoles, 21 de abril de 2010

SE REDUCE A SEIS MESES EL PLAZO QUE TIENEN LAS PYMES PARA RECUPERAR EL IVA DE LAS FACTURAS IMPAGADAS

Una de las 31 medidas “anticrisis” aprobadas el 9 de abril por el Gobierno, 27 de las cuales forman parte del llamado “pacto de Zurbano”, es la reducción de un año a seis meses del plazo que tienen las pymes para recuperar el IVA en el caso de facturas impagadas.

Esta medida comenzará a aplicarse el 14 de abril tras la publicación el 13 de abril del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Es destacable también que con carácter general, ya no será necesario reclamar esos impagos por la vía judicial, sino que bastará con un simple requerimiento judicial.

En el artículo 7 de dicho Real decreto es donde se recoge la simplificación de los requisitos para recuperar el Impuesto sobre el Valor Añadido en el caso de créditos incobrables, modificandose los apartados cuatro y cinco del artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que quedan redactados de la siguiente forma:

«Cuatro. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.

A estos efectos, un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones:

1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.

No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año.

Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere esta condición 1.ª será de seis meses.

2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para este Impuesto.

3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.

4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos.

Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición 4ª anterior, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía.

La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de un año a que se refiere la condición 1.ª anterior y comunicarse a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente.

Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses.

Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de éste o por cualquier otra causa, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.

Cinco. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en los apartados tres y cuatro anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:

1.ª No procederá la modificación de la base imponible en los casos siguientes:

a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada.

b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada.

c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 79, apartado cinco de esta ley.

d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos.

Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción de la base imponible realizada de acuerdo con el apartado cuatro del artículo 80 de esta ley para los créditos que se consideren total o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el requisito de acreditación documental del impago a que se refiere la condición 4.ª de dicho precepto.

2.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

3.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha.

4.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos, número 2.º, segundo párrafo de esta ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública.

Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del Impuesto, resultará también deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible.»