viernes, 24 de diciembre de 2010

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES GRATIS CON PREVENCIÓN10 PARA EMPRESAS DE HASTA 10 TRABAJADORES

Las empresas de hasta diez trabajadores disponen desde junio de un servicio gratuito de Asesoramiento Público al empresario, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, puesto en marcha por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con la colaboración de todas las Comunidades Autónomas.

Con Prevención10.es se pretende mejorar las condiciones laborales de los trabajadores así como reducir el índice de siniestralidad laboral, facilitar a las microempresas herramientas gratuitas para la gestión de la seguridad de su empresa y formar y prestar asistencia técnica a estas para prevenir riesgos laborales.

Este servicio estará disponible para más de un millón de pequeñas empresas en las que se concentra una parte importante de los accidentes laborales al emplear a una cuarta parte de la población trabajadora. Además se podrá integrar la Prevención de los Riesgos Laborales en el sistema de gestión de la empresa.




miércoles, 15 de diciembre de 2010

A PARTIR DE 2011 LAS NOTIFICACIONES DE HACIENDA SE RECIBIRAN POR CORREO ELECTRÓNICO.

El Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, obligara a partir del 1 de enero de 2011, a aproximadamente un millón doscientas mil empresas, principalmente S.A. Y S.L., a tener una dirección de correo electrónico más, la Dirección Electrónica Habilitada (DEH). Esta dirección gratuita, que hasta ahora estaba disponible para cualquier persona física o jurídica de manera voluntaria pasa a ser de uso obligado para que las empresas reciban de hacienda sus notificaciones. En esta dirección también se pueden recibir otras notificaciones administrativas de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
,
Anótense pues esta dirección http://notificaciones.060.es/PC%20init.action o agréguenla a favoritos, yo ya la he incluido en este blog, porque Hacienda no remitirá los mensajes al correo de las compañías. Sino que serán las empresas las que deberán acceder a la cuenta de correo que tengan asignada por lo menos cada 10 días, ya que este es el margen que existe desde que la Agencia Tributaria envía una notificación hasta que la empresa confirma que la ha recibido. En caso de no confirmar la recepción de este correo en 10 días la notificación se considerará rechazada y Hacienda puede iniciar procedimientos de apremio y aplicar sanciones.

Afortunadamente se podrá activar un sistema de alerta que nos avisará en caso de que la Agencia Tributaria nos haya enviado una notificación a nuestro buzón.

Para utilizar este servicio, es necesario disponer de un Certificado Digital estándar X.509 emitido a su nombre o de la empresa que representa como por ejemplo, el clase 2CA emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

La normativa donde se regula todo lo relativo a la dirección electrónica habilitada es la siguiente:

• LEY 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, donde se recoge la posibilidad de establecer la obligatoriedad de su utilización para determinados ciudadanos.

• Real Decreto 1671/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

- En el artículo 32, se establece que la obligatoriedad de comunicarse por medios electrónicos con los órganos de la Administración General del Estado o sus organismos públicos puede comprender la práctica de notificaciones administrativas por medios electrónicos y que podrá establecerse mediante orden ministerial en la que se especificará las comunicaciones a las que se aplique, el medio electrónico de que se trate y los sujetos obligados.

- En el artículo 38, se desarrolla la notificación mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través de dirección electrónica habilitada.

• Real Decreto 1/2010, ha introducido en el nuevo artículo 115 bis del Reglamento de aplicación de los tributos lo siguiente:

Se habilita a las Administraciones tributarias para acordar la asignación de una dirección electrónica para la práctica de notificaciones a determinados obligados tributarios, de manera que tras la publicación oficial del acuerdo de asignación, y previa comunicación del mismo al obligado tributario, la Administración tributaria correspondiente, practicará, con carácter general, las notificaciones en la dirección electrónica.

Se respetaran todos los derechos y garantías de los obligados tributarios que respecto de las notificaciones en dirección electrónica establezca con carácter especial la normativa tributaria.

• Orden PRE 878/2010, de 5 de abril por la que se establece el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009.

La AEAT se va adherir al sistema de notificación en dirección electrónica habilitada regulado en la Orden PRE 878/2010. Transcurrido un mes desde la publicación de dicha adhesión en el BOE la AEAT practicará, con carácter general, las notificaciones tributarias en la dirección electrónica correspondiente, siempre y cuando vayan dirigidas a destinatarios a los que se haya comunicado previamente la asignación de dicha dirección electrónica.

Los ciudadanos también pueden recoger las notificaciones que pudieran tener pendientes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante comparecencia física en sus oficinas o mediante el acceso electrónico directo en su sede electrónica.

Hacienda enviara a las empresas afectadas una carta por correo ordinario donde les asignará un correo electrónico que a partir de ese momento, será la única vía para recibir las notificaciones fiscales de la Agencia Tributaria.

Los autónomos que tributan por el IRPF en lugar del impuesto sobre sociedades no se verán afectados por la medida, aunque Hacienda no descarta que en el futuro pueda obligarse a relacionarse solo por Internet a "las personas físicas que pertenezcan a los colectivos que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos".

Los autónomos que aplican el régimen de devolución mensual del IVA sí que deberán acogerse a la nueva normativa.

Con esta medida la Agencia Tributaria prevé ahorrar en torno a 15 millones de euros.


jueves, 25 de noviembre de 2010

La cuenta de resultados presupuestaria. ¿Cómo hacer un presupuesto en una empresa?




"Te lo digo sin reparos: si bien vivo entre los fastuosos, soy diligente y llevo debida cuenta de mis gastos. No puedo decir que no pierda nada, pero sea lo que sea que pierda, puedo dar cuenta de su cuantía y de la razón de mi pobreza"

Extracto de la carta 1 de Seneca a Lucio Anneo


Se acerca el fin de año y muchas empresas ya no tendrán la oportunidad de hacer un presupuesto, quizás de haberlo hecho podrían haber detectado a tiempo que sus gastos de estructura no eran soportados por sus ventas, o que sus costes financieros se comían sus beneficios, o bajando más al detalle que un vendedor no cubre su coste salarial y sus gastos, etc.
 
Solo por el hecho de sentarse a hacer un presupuesto estamos haciendo un ejercicio de reflexión fundamental para la buena marcha de un negocio, pensando por ejemplo cuanto vamos a vender, como vamos a hacerlo y que recursos vamos a consumir en ese proceso de venta.

El presupuesto nos fija unas metas que plasmamos en cifras y nos puede permitir, por ejemplo, detectar antes de meternos en un negocio la inviabilidad del mismo.

Y es que la elaboración de una cuenta de resultados presupuestaria implica bajar al detalle del negocio, conocerlo mejor, analizar el entorno, y plasmar todo esto en una cuenta de resultados presupuestaria que analizaremos a medida que transcurre el año, detectando y analizando las diferencias entre la realidad y lo presupuestado.

Para la elaboración de un presupuesto podemos partir del nuevo modelo de cuenta de resultados, que presenta esta en forma de lista en lugar de hacerlo en forma de cuadro tal y como hacia el PGC de 1990. Lo primero que podemos hacer antes de acabar el año es una proyección de la cuenta de resultados al final del mismo, para sobre esta realizar las proyecciones para el nuevo año. Pero eso sí, la realización de un presupuesto no es una mera proyección, cada cifra que en el se detalla debe de ser analizada y justificada, ya que de lo contrario lo único que estaremos haciendo es perder el tiempo.

Es habitual realizar los presupuestos en hojas de cálculo en la que se incluyan todos los datos a tener en cuenta, aunque muchos programas permiten su carga y analizan las desviaciones. En los presupuestos se realizan proyecciones de ventas o ingresos, de costes, de resultados, etc.
 
Lo que si es fundamental es analizar las desviaciones que se puedan ir produciendo con respecto a presupuesto, con el fin de poder corregir las desviaciones que se vayan presentando.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ADEUDAR EN CUENTA ORDENES DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

En primer lugar decir que no existe un modelo oficial de solicitud, hay bancos que pueden enviar algún modelo y desde agrupaciones empresariales pueden enviar otro a sus asociados.
El modelo que aquí se propone es orientativo y cada empresa puede personalizarlo, pero deben de contener la siguiente información:

1. Datos identificativos de la empresa que realiza la solicitud de autorización de adeudo.

2. Datos identificativos de la empresa a la que se le giran los recibos domiciliados.

3. Las condiciones, que pueden ser algo así: "La firma de esta autorización es necesaria para la aplicación de la Ley 16/2009 de Servicios de Pago y serán enviadas a nuestras entidades financieras con el fin de poder domiciliar los recibos que se generen de las relaciones comerciales  entre............. con CIF ................ y sus clientes. Mediante esta autorización, además de autorizar a ...................... a enviar las órdenes de domiciliación también se autoriza a su entidad financiera a adeudar los importes correspondientes en su cuenta."

Asimismo con la firma de la presente autorización se renuncia expresamente al derecho de devolución de los recibos derivados de las relaciones comerciales transcurridos 20 días desde la fecha de vencimiento.

Nota: En su entidad financiera puede obtener información adicional sobre sus derechos relativos a esta orden de domiciliación.

4. Por último se debe de incluir una coletilla relativa a la protección de datos que puede ser algo así "En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos se comunica que el Fichero con los datos incluidos en este documento están declarados en el Registro General de Protección de datos. Para ejercer sus derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos, envíe (un e-mail, correo, fax ....)"



domingo, 31 de octubre de 2010

DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2010 EL USO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA SERÁ OBLIGATORIO PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL

Transcurridos 18 meses de la entrada en vigor de la Ley LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que entro en vigor el 1 de mayo de 2008, se extiende la obligatoriedad del uso de la factura electrónica para todos los contratos del sector público estatal; no obstante, en los contratos menores, la utilización de la factura electrónica será obligatoria cuando así se establezca expresamente en estas Órdenes de extensión.

La factura electrónica o efactura ya venia siendo obligatoria desde 1 de agosto de 2009 para las sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

El ámbito de aplicación de esta Ley es además de para la Administración General del Estado, para las Comunidades Autónomas, Administraciones Locales, Seguridad Social, Universidades y Sociedades Públicas.

En la LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, se define la factura electrónica como un documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, además, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor.

Una e-Factura necesita por tanto de un formato electrónico y de una transmisión telemática, que deben garantizar su integridad y autenticidad a través de una firma electrónica reconocida.

El artículo 3.3 de la Ley 59/2003 de 19 de diciembre define la firma electrónica reconocida como:

“la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma”.

Obligaciones legales para el expedidor:

1. Reglamento sobre Facturación Electrónica

La Orden 962/2007, de 10 de abril, desarrolla determinada disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el

Real Decreto 1496/2003, que es el reglamento de facturación. Al respecto del consentimiento del destinatario, se encuentra recogido en el Artículo 2 de la citada Orden, donde dice que el consentimiento podrá formularse de forma expresa por cualquier medio, verbal o escrito.

2. Creación de la factura

Mediante una aplicación informática, con los contenidos obligatorios mínimos requeridos.

3. Firma electrónica reconocida

4. Remisión telemática

5. Conservación de copia o matriz de la Factura

Esta obligación se regula en el artículo 1 del RD 1496/2003, donde se especifica la obligación de expedir, entregar y conservar facturas.

También han existido dudas sobre si las facturas electrónicas pueden emitirse en copia o sólo se debe guardar la matriz. Al respecto la Agencia Tributaria lo ha aclarado en el borrador antes citado (Art. 5) con la siguiente definición:

“Se entiende por Matriz de una factura (...) un conjunto de datos, tablas, base de datos o sistemas de ficheros que contienen todos los datos reflejados en las facturas junto a los programas que permitieron la generación de las facturas....

6. Contabilización y anotación en registros de IVA

7. Conservación durante el período de prescripción

8. Garantía de accesibilidad completa

Deber de gestionar las facturas de modo que se garantice una accesibilidad completa:

· visualización,

· búsqueda selectiva,

· copia o descarga en línea e impresión.

Esta es una obligación inherente a la conservación de las facturas por medios electrónicos que el legislador denomina acceso completo a datos, tratando de facilitar la auditoria e inspección de las facturas electrónicas. (Articulo 9 del RD 1496/2003)

9. Subcontratación a un tercero

Todas las fases anteriores pueden ser subcontratardas a un tercero, sin perder su responsabilidad.

Regulado en el artículo 5.1 del RD 1496/2003 el legislador deja claro en ese mismo párrafo que, aunque se permite la subfacturación a terceros, es el obligado tributario el responsable de cumplir todas estas obligaciones.

Obligaciones legales para el destinatario:

1. Recepción de la factura por medio electrónico

· Verificación de los contenidos mínimos exigibles y

· Verificación segura de la firma electrónica.

Regulado en el artículo 21 e inherente a las obligaciones de la conservación de las facturas electrónicas se indica que:

“el destinatario se debe asegurar de la legibilidad en el formato original en el que se haya recibido, así como, en su caso, de los datos asociados y mecanismo de verificación de firma”.

A diferencia del emisor, al que se permite construir la factura desde la matriz, el destinatario debe conservar los originales firmados.

2. Contabilización y anotación en registros de IVA

3. Conservación durante el período de prescripción

4. Deber de gestionar las facturas de modo que se garantice una accesibilidad completa

· visualización,

· búsqueda selectiva,

· copia o descarga en línea e impresión.

5. Todas las fases anteriores puede subcontratarlas a un tercero, sin perder su responsabilidad

¿Cómo hacer una factura electrónica o e-factura?

La mayor parte de las PYMES todavía no están adaptadas al formato de factura electrónica, por lo que probablemente no tengan la posibilidad de generar facturas electrónicas con facilidad. Para la generación esporádica de facturas electrónicas se pueden recurrir a paginas como:






lunes, 27 de septiembre de 2010

PLAZOS DE PAGO ENTRE EMPRESAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 15/2010

Con la entrada en vigor de la Ley 15/2010, de 5 de julio, se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En la Ley 3/2004 en su artículo 4 fijaba un plazo de pago si no había acuerdo entre las partes 30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente, o si hubiera duda en cuanto a esta de 30 días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. El principal problema de esta ley es que dejaba la puerta abierta al pacto entre las partes en lo relativo al plazo de pago, lo cual en la práctica se ha traducido en la imposición por parte de las grandes empresas de cláusulas que dilataban notablemente los plazos de pago. Con la Ley 15/2010 dicho artículo queda redactad de la siguiente manera:

«Artículo 4. Determinación del plazo de pago.

1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente:

a) Sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes.

b) Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, sesenta días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios

c) Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura antes de finalizar el período para realizar dicha aceptación, el plazo de pago que debe cumplir el deudor se computará a partir del día de recepción de los bienes o servicios adquiridos y no podrá prolongarse más allá de los sesenta días contados desde la fecha de entrega de la mercancía.

2. Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de los servicios.

3. La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.

4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 15 días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo, la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los 60 días desde esa fecha.»

El plazo de pago se referirá a días naturales del año y serán nulos los pactos que excluyan del cómputo los periodos considerados vacacionales.

La modificación de este artículo es de especial importancia para las PYMES que funcionan con gran dependencia al crédito a corto plazo y que con la crisis económica han visto como además de bajar su facturación se han aumentado notablemente los impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas,

Lo más relevante de la nueva ley es que suprime la posibilidad de «pacto entre las partes», estableciéndose un plazo máximo de pago de 60 días por parte de empresas para los pagos a proveedores y de 30 días para los pagos del sector público,

Antes de su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2013, se establece un periodo transitorio.

En lo relativo a las operaciones entre empresas:

  • Desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2011, serán de 85 días.
  • Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, serán de 75 días.
  • A partir del 1 de enero de 2013, serán de 60 días.

Lo dispuesto en la presente disposición transitoria no será de aplicación a los productos de alimentación frescos y perecederos, para los cuales el plazo de pago a 30 días tendrá efectos inmediatos.

En lo relativo a las Administraciones, los plazos serán:

  • Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo será dentro de los cincuenta y cinco días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones.
  • Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo será dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
  • Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.»

viernes, 30 de julio de 2010

PLAZOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE RECIBOS O ADEUDOS DOMICILIADOS SEGÚN LA LEY 16/2009 Y LA INSTRUCCIÓN SNCE/A/05/853

Con la entrada en vigor el 4 de diciembre de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, se regula expresamente en la misma el derecho de los clientes a devolver los recibos con domiciliación bancaria o adeudos domiciliados, cobrando especial importancia la autorización expresa para emitir giros derivados de las facturas generadas. Con la nueva Ley se distinguen dos plazos para dar la orden de devolución, que se aplican en función de si el cargo en cuenta estaba o no previamente autorizado.

Para considerar autorizada una operación de pago será necesario acreditar el consentimiento previo para su ejecución, lo cual conseguiremos mediante un escrito en el que confirmaremos la cuenta bancaria y solicitaremos expresamente el permiso para emitir contra dicha cuenta los giros generados como consecuencia de la relación comercial entre las compañías. Este consentimiento puede ser retirado salvo que la orden de pago emitida sea ya irrevocable, de conformidad con el art.37 de la Ley.

Distinguiremos pues entre:

Operaciones no autorizadas. Estas se recogen en el artículo 29 de la Ley que dice:

1. Cuando el usuario de servicios de pago tenga conocimiento de que se ha producido una operación de pago no autorizada o ejecutada incorrectamente, deberá comunicar la misma sin tardanza injustificada al proveedor de servicios de pago, a fin de poder obtener rectificación de éste.

2. Salvo en los casos en los que el proveedor de servicios de pago no le hubiera proporcionado o hecho accesible al usuario la información correspondiente a la operación de pago, la comunicación a la que se refiere el apartado precedente deberá producirse en un plazo máximo de trece meses desde la fecha del adeudo o del abono.

Cuando el usuario no sea un consumidor, las partes podrán pactar un plazo inferior distinto del contemplado en el párrafo anterior.

Operaciones autorizadas. Se recogen en el artículo 34 de la Ley que dice:

1. El ordenante podrá solicitar la devolución a que se refiere el artículo 33 por una operación de pago autorizada iniciada por un beneficiario o a través de él, durante un plazo máximo de ocho semanas contadas a partir de la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta.

2. En el plazo de diez días hábiles desde la recepción de una solicitud de devolución, el proveedor de servicios de pago deberá devolver el importe íntegro de la operación de pago o bien justificar su denegación de devolución, indicando en este caso los procedimientos de reclamación, judiciales y extrajudiciales, a disposición del usuario.

Para poder ejercitar el derecho de devolución de los recibos autorizados siempre que se satisfagan las siguientes condiciones:

- Cuando se dio la autorización, ésta no especificaba el importe exacto de la operación de pago

- Cuando el importe supera el que el ordenante podía esperar razonablemente teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto, las condiciones de su contrato marco y las circunstancias pertinentes al caso.

No obstante, el cliente, a requerimiento de la entidad, deberá aportar los datos a relativos a dichas condiciones. Ahora bien: el cliente y la entidad podrán convenir en el contrato marco que el ordenante tenga derecho a devolución de adeudos domiciliados incluso cuando no se cumplan las condiciones para la devolución contempladas anteriormente.

Por otra parte, desde el 22 de junio de 2010 ha entrado en vigor la instrucción SNCE/A/05/853 publicada por el SNCE sobre el tratamiento de los anticipos de crédito (cuaderno AEB 58) modificado las prácticas bancarias en lo relativo a las fechas de devolución de los recibos o adeudos domiciliados, cesiones de crédito y efectos descontados entre no consumidores, pudiendo solicitarse la devolución de una operación de pago. Con la Ley 16/2009 no se limitaba la posibilidad de devolución dentro de las 8 semanas, pero con esta nueva instrucción se especifican los siguientes plazos.

En 5 días hábiles contados desde la fecha de liquidación se puede devolver por cualquier motivo y la entidad del beneficiario no puede rechazar la devolución.

Entre el 6º día hábil y las 8 semanas desde la fecha de cargo se podrá solicitar la devolución de un adeudo en gestión de aceptación solo si al autorizar la operación no se indicó el importe exacto y además el importe del cargo supera lo que razonablemente se podría esperar atendiendo a sus anteriores pautas de gasto. En este caso la devolución podrá ser rechazada en 10 días hábiles, siempre que se acompañe copia de la orden de domiciliación, firmada y vigente en la fecha de presentación del adeudo original, o documentación con el consentimiento dado por el cliente deudor.

lunes, 19 de julio de 2010

EN LOS ABONOS POR DEVOLUCIONES DE MERCANCIAS SE APLICARA EL TIPO DE IVA VIGENTE EN EL MOMENTO DE DEVENGO DE LA OPERACIÓN.

Todos los descuentos posteriores a la realización de la operación, entre los que se incluyen los abonos por devoluciones de mercancía, o la corrección de errores, llevan aparejada una modificación de la base imponible y la expedición de una factura rectificativa. Se aplicará por tanto el tipo impositivo vigente en el momento del devengo de la operación u operaciones a que se refiere.

Por lo tanto no se haría una factura de abono, sino una factura rectificativa que tendrá su origen en la factura emitida en el mes que corresponda.

Las facturas rectificativas irán con el IVA correspondiente a la factura que se rectifica, es decir, que si hacemos un abono o factura rectificativa de una factura con el 16% el abono irá con el 16%.

El Art 80. de la Ley 37/1992 en donde se regulan las modificaciones de la base imponible, en su apartado dos nos dice que cuando por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente.

Por su parte, en el artículo 24 del REAL DECRETO 87/2005 por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido nos dice que en los casos a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto, el sujeto pasivo estará obligado a expedir y remitir al destinatario de las operaciones una nueva factura o documento sustitutivo en la que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida, en la forma prevista en el artículo 13 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.

Y que nos dice el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. En el artículo 13, punto 2 se especifica que será obligatoria la expedición de una factura o, en su caso, documento sustitutivo rectificativo en los casos en que las cuotas impositivas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente o se hubieran producido las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80

de la Ley del Impuesto, dan lugar a la modificación de la base imponible. No obstante, cuando la modificación de la base imponible sea consecuencia de la devolución de mercancías o de envases y embalajes que se realicen con ocasión de un posterior suministro que tenga el mismo destinatario y por la operación en la que se entregaron se hubiese expedido factura o documento sustitutivo, no será necesaria la expedición de una factura o documento sustitutivo rectificativo, sino que se podrá practicar la rectificación en la factura o documento sustitutivo que se expida por dicho suministro, restando el importe de las mercancías o de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha operación posterior. La rectificación se podrá realizar de este modo siempre que el tipo impositivo aplicable a todas las operaciones sea el mismo, con independencia de que su resultado sea positivo o negativo. Por lo tanto al variar el tipo impositivo si es necesario realizar una factura rectificativa.

Ejemplo: En junio de 2010 se adquiere mercancia por importe de 20.000 euros, aplicando el tipo impositivo del 16 por ciento. Si de esta mercancía devolvemos en el mes de julio 10.000 €, a esta devolución se le aplicará el tipo del 16 por ciento, que es el vigente en junio de 2010 fecha de devengo del impuesto.

En el caso de los rappels o descuentos por volumen de ventas de un determinado periodo, que puede comprender operaciones al 16 por ciento y al 18 por ciento, se modificará la base imponible y la correspondiente cuota del IVA teniendo en cuenta esta circunstancia, es decir, se rectificará considerando la parte del año a que correspondan las operaciones que dan lugar al descuento, aplicando a cada periodo el tipo que estuviera vigente.

En general, cualquier rectificación en una factura debida a un error se efectuará aplicando el mismo tipo impositivo de la factura que es objeto de rectificación. (Consulta de la DGT V0644-10, de 8 de abril de de 2010).

sábado, 3 de julio de 2010

LA IMPORTANCIA DEL MOMENTO DEL DEVENGO EN LA SUBIDA DEL IVA

El 1 de julio entro en vigor la subida de los tipos impositivos de IVA, que pasa del 16% al 18% en el tipo general y del 7% al 8% en el tipo reducido, que se aplica principalmente a productos alimenticios y sanitarios, servicios de transporte, hostelería y culturales, adquisición y rehabilitación de viviendas, etc., manteniéndose constante el tipo súper reducido del 4% aplicable a bienes de primera necesidad, medicamentos, libros y revistas, prótesis y vehículos especiales.

Para determinar el IVA aplicable es fundamental la determinación del momento del devengo del impuesto que es lo que determinará la normativa aplicable, la obligación de facturación y repercusión del IVA y el nacimiento del derecho a su deducción.

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, determina en el artículo 75, del Título IV, Capítulo I el devengo del impuesto, indicándonos que se devengará:

1.º En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en las entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos de venta con pacto de reserva de dominio o cualquier otra condición suspensiva, de arrendamiento-venta de bienes o de arrendamiento de bienes con cláusula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes, se devengará el impuesto cuando los bienes que constituyan su objeto se pongan en posesión del adquirente.

2.º En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.

No obstante, cuando se trate de ejecuciones de obra con aportación de materiales, en el momento en que los bienes a que se refieran se pongan a disposición del dueño de la obra.

3.º En las transmisiones de bienes entre el comitente y comisionista efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta, cuando el último actúe en nombre propio, en el momento en que el comisionista efectúe la entrega de los respectivos bienes.

Cuando se trate de entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos por los que una de las partes entrega a la otra bienes muebles, cuyo valor se estima en una cantidad cierta, obligándose quien los recibe a procurar su venta dentro de un plazo y a devolver el valor estimado de los bienes vendidos y el resto de los no vendidos, el devengo de las entregas relativas a los bienes vendidos se producirá cuando quien los recibe los ponga a disposición del adquirente.

4.º En las transmisiones de bienes entre comisionista y comitente efectuadas en virtud de contratos de comisión de compra, cuando el primero actúe en nombre propio, en el momento en que al comisionista le sean entregados los bienes a que se refieran.

5.º En los supuestos de autoconsumo, cuando se efectúen las operaciones gravadas.

No obstante, en los casos a que se refiere el artículo 9, número 1.º, letra d), párrafo tercero, de esta Ley, el impuesto se devengará:

a) Cuando se produzcan las circunstancias que determinan la limitación o exclusión del derecho a la deducción.

b) El último día del año en que los bienes que constituyan su objeto se destinen a operaciones que no originen el derecho a la deducción.

c) El último día del año en que sea de aplicación la regla de prorrata general.

d) Cuando se produzca el devengo de la entrega exenta.

6.º En las transferencias de bienes a que se refiere el artículo 9, número 3.º, de esta Ley, en el momento en que se inicie la expedición o el transporte de los bienes en el Estado miembro de origen.

7.º En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o continuado, en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las operaciones a que se refiere el párrafo segundo del número 1.º precedente.

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.

Por tanto los pagos anticipados efectuados antes del 1 de julio de 2010 devengarán el impuesto a los tipos vigentes antes de dicha fecha, es decir 16% y 7%, mientras que las cantidades pendientes que se abonen con posterioridad a dicha fecha tributaran a los nuevos tipos del 18% y 8%, siempre y cuando los bienes o servicios a que se refieran estén identificados con precisión.

Uno de los puntos más conflictivos lo encontramos en las facturas de alquileres, suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o continuado, que se devenga en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción. Esto se traduce en que las facturas de luz, agua, el agua, el teléfono o el gas de los meses de junio, o incluso anteriores, llevarán ya incorporada la subida del IVA, al obligar la ley a las compañías de suministro a aplicar el gravamen vigente en el momento de la facturación, independientemente de la fecha de consumo.

lunes, 7 de junio de 2010

EL 14 DE JULIO FINALIZA EL PERIODO TRANSITORIO PARA LA RECUPERACIÓN DEL IVA DE LAS PYMES.

Con la entrada en vigor el 14 de abril del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, y mediante la disposición transitoria primera los sujetos pasivos titulares del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir cuyo volumen de operaciones no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, que sean titulares de créditos total o parcialmente incobrables correspondientes a cuotas repercutidas por la realización de operaciones gravadas para los cuales, a la entrada en vigor de este real decreto-ley, hayan transcurrido más de seis meses pero menos de un año y tres meses desde el devengo del Impuesto, podrán proceder a la reducción de la base imponible en el plazo de los tres meses siguientes a dicha entrada en vigor, siempre que concurran todos los requisitos a que se refiere el artículo 80.cuatro de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

miércoles, 2 de junio de 2010

Reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral

El Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, regula el establecimiento de un sistema de reducción de la cotización a la Seguridad Social por contingencias profesionales en los supuestos de empresas que acrediten que su índice de siniestralidad es reducido en relación con el que corresponde a su sector de actividad, una vez establecidos los índices de siniestralidad de los diferentes sectores respecto de dicha cotización.

Para la aplicación del incentivo será necesario el cumplimiento de unos determinados índices que se establecen en un anexo del Real Decreto.

La cuantía del incentivo podrá alcanzar hasta el 5 por ciento del importe de las cuotas por contingencias profesionales de cada empresa correspondientes al periodo de observación.

En el caso de las pequeñas empresas beneficiarias, el incentivo, que en ningún caso podrá superar el importe de lo cotizado por contingencias profesionales, tendrá como límite máximo 250 euros para el primer periodo de observación, que se elevará a 500 euros en el segundo periodo y siguientes, siempre que en el inmediatamente anterior se haya percibido el incentivo.

miércoles, 19 de mayo de 2010

SE AUMENTA EL MONITORIO HASTA LOS 250.000 €

Con la entrada en vigor de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se aumenta el monitorio hasta los 250.000 €, mediante la modificación del Art. 812 Ley de Enjuiciamiento Civil, apartado 1 que queda redactado como sigue:
«1. Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada que no exceda de 250.000 euros, cuando la deuda de esa cantidad se acredite de alguna de las formas siguientes:

1.ª Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente del deudor.

2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.»

Con esta reforma se persigue dar más cobertura a un proceso que se ha mostrado más rápido y eficaz para el cobro de deudas dinerarias vencidas, exigibles y documentadas. Con el proceso monitorio se evitan juicios declarativos contradictorios, con la consiguiente descarga de trabajo para los órganos jurisdiccionales; más del cincuenta por ciento de los procesos monitorios evita el consiguiente declarativo, al finalizar el procedimiento bien mediante el pago voluntario por el deudor, bien por ejecución del título base de la petición inicial.

Además, en línea con la admisión de la demanda, se atribuye al Secretario judicial la competencia para admitir el escrito inicial del procedimiento, del que deberá dar cuenta al Juez cuando estime que no concurren los requisitos para su admisión. Al mismo tiempo, se propone dar uniformidad a las formas de terminación de este procedimiento, dado que el proceso monitorio constituye un proceso declarativo especial que se transforma en un procedimiento distinto, en la medida en que su naturaleza jurídica cambia, cuando el deudor requerido no paga, ya sea formulando o no oposición.

Por su parte el artículo 816, apartado 1 queda redactado como sigue:

«1. Si el deudor no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere, el Secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.»

jueves, 29 de abril de 2010

EL IVA Y LA CONTABILIZACIÓN DE LAS FACTURAS DE CORREOS

En algunas facturas de correos aparece una nota que dice que de acuerdo con las resoluciones de la Agencia Tributaria de 28 de diciembre de 2005 y 10 de enero de 2006, el importe del IVA incluido en esa factura asciende al 6,68%, al 7,51% o otro porcentaje del precio total consignado.

Lo primero que se nos viene a la cabeza es el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA (redacción dada por la Ley 23/2005, de 18 de noviembre de reformas en materia tributaria para el impulso de la productividad, BOE del 19 de noviembre), que nos dice que están exentas las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a ellas, que constituyan el servicio postal universal y estén reservadas al operador al que se encomienda su prestación, de acuerdo con la Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales.

En el artículo 18 de dicha Ley se especifican los servicios reservados al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal en los siguientes términos:

1. Quedarán reservados, con carácter exclusivo, al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, al amparo del artículo 128.2 de la Constitución y en los términos establecidos en el capítulo siguiente, los siguientes servicios incluidos en el ámbito de aquél:

A) El servicio de giro.

B) La recogida, la admisión, la clasificación, la entrega, el tratamiento, el curso, el transporte y la distribución de los envíos interurbanos, certificados o no, de las cartas y de las tarjetas postales, siempre que su peso sea igual o inferior a 50 gramos, para que cualesquiera otros operadores puedan realizar este tipo de actividades, respecto de los objetos que integren envíos interurbanos, el precio que habrán de exigir a los usuarios deberá ser, al menos, cinco veces superior al montante de la tarifa pública correspondiente para los envíos ordinarios de objetos de la primera escala de peso de la categoría normalizada más rápida.

Los envíos nacionales o transfronterizos de publicidad directa, de libros, de catálogos, y de publicaciones periódicas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15.2.B), no formarán parte de los servicios reservados.

C) El servicio postal transfronterizo de entrada y de salida de cartas y tarjetas postales, con los límites de peso y precio establecidos en el apartado B). Se entiende por servicio postal transfronterizo, a los efectos de esta Ley, el procedente de otros Estados o el destinado a éstos.

D) La recepción, como servicio postal, de las solicitudes, de los escritos y de las comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas, conforme al artículo 38.4.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En base a esto, las resoluciones de la Agencia Tributaria de 28 de diciembre de 2005 y 10 de enero de 2006 nos dicen que:

Resultando que, tras la citada modificación legislativa del régimen de tributación del IVA de los servicios postales, resulta imposible de conocer “a priori” en el momento de la facturación, si el servicio postal que se va a prestar va estar o no exento de IVA, dependiendo si está o no reservado en exclusiva al operador al que se encomiende su prestación.

Resultando que correos tiene reservado en exclusiva el transporte de los envíos de cartas y tarjetas postales, certificados o no, de hasta 50 gramos, fuera del término municipal donde haya tenido lugar su admisión, que en consecuencia será el lugar de la generación del envío, y que, por tanto, la aplicación a estos servicios de la exención contenida en el citado artículo 20. uno. 1º estará condicionada a que el envío sea depositado y admitido en un término municipal distinto de aquél al que vaya dirigido, en cuyo caso el servicio quedará sujeto y exento en el impuesto.

Resultando que, de acuerdo con los datos suministrados por la “SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.” son notablemente superiores a los procedentes de la venta de sellos de correos.

El departamento de Gestión tributaria ha resuelto:

Autorizar a la entidad “SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.” para que en la venta de sellos de correos, estampillas y otros signos de correo se pueda expedir y entregar una factura completa sin que en la misma conste alusión alguna al impuesto sobre el IVA, cuando los destinatarios así lo exijan.

La correcta repercusión y deducíbilidad del IVA podrá justificarse, bien de forma global si se fijase, en su caso, por la Dirección General de Tributos en base a consulta planteada un porcentaje de deducíbilidad “a forfait” en función de la proporción que en el Servicio Postal no Reservado represente en el total de Servicios Postales prestados por la Entidad, bien de forma individualizada a través de un seguimiento particular de cada uno de los clientes de la Entidad, efectuando de las adquisiciones mencionadas y de su posterior uso en los envíos postales.

Consultando a Correos sobre este asunto, transcribo la contestación por ellos remitida:

El Ministerio de Economía y Hacienda ha autorizado a Correos a emitir, en ciertos casos, facturas en las que no conste ninguna alusión al IVA. En estos casos, de acuerdo con esa autorización, lo que hace Correos es indicar en esas facturas un porcentaje que, aplicado sobre el importe total de la misma, sirve al cliente para saber qué cantidad de IVA se puede deducir. Actualmente, este porcentaje es del 6,68%.

A continuación le mostramos un ejemplo para saber cómo debe realizar los cálculos:

En una factura de 1000€, la aplicación de este porcentaje, se haría de la siguiente manera:

Importe total de la factura: 1.000 €

Porcentaje de IVA deducible: 6,68% de1.000 € (=66,80€)

Cantidad de IVA deducible: 66,80 €

Base imponible total de la factura: 933,20 € (= 1.000– 66,80)

Es decir, en este caso el cliente se puede deducir (IVA deducible) 66,80 euros.

La base imponible total de la factura es 933,20 euros, de donde 417,50 € sería la parte de la base correspondiente a ese IVA (=66.80/ 0,16), y el resto, 515,70 €, sería la parte de la base correspondiente a servicios exentos de IVA.

Le recordamos que este 6,68% no es el tipo de gravamen del IVA de la factura, sino tan sólo un porcentaje para que el cliente calcule el IVA que se puede deducir. El tipo de gravamen del IVA es el 16%, si bien no se recoge en factura porque, de acuerdo con la autorización de Hacienda, estas facturas no tienen que recoger ninguna mención al IVA (salvo al porcentaje citado).

 
CONTABILIZACIÓN

Si contabilizáramos el ejemplo anterior realizaríamos los siguientes apuntes:

933,20 (629) Otros servicios

66,80 (472) Iva Soportado (16%)

                                                  a Caja (570) 1.000

                              ----------x-----------

Nota: Al contabilizar la factura en un programa de contabilidad deberemos desglosar la base en los 417,5 que sería la base correspondiente a los 66,80 € de IVA al 16% y los 517,7 € que sería la parte de base correspondiente a los servicios exentos de IVA.

miércoles, 21 de abril de 2010

SE REDUCE A SEIS MESES EL PLAZO QUE TIENEN LAS PYMES PARA RECUPERAR EL IVA DE LAS FACTURAS IMPAGADAS

Una de las 31 medidas “anticrisis” aprobadas el 9 de abril por el Gobierno, 27 de las cuales forman parte del llamado “pacto de Zurbano”, es la reducción de un año a seis meses del plazo que tienen las pymes para recuperar el IVA en el caso de facturas impagadas.

Esta medida comenzará a aplicarse el 14 de abril tras la publicación el 13 de abril del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Es destacable también que con carácter general, ya no será necesario reclamar esos impagos por la vía judicial, sino que bastará con un simple requerimiento judicial.

En el artículo 7 de dicho Real decreto es donde se recoge la simplificación de los requisitos para recuperar el Impuesto sobre el Valor Añadido en el caso de créditos incobrables, modificandose los apartados cuatro y cinco del artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que quedan redactados de la siguiente forma:

«Cuatro. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.

A estos efectos, un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones:

1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.

No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año.

Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere esta condición 1.ª será de seis meses.

2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para este Impuesto.

3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.

4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos.

Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición 4ª anterior, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía.

La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de un año a que se refiere la condición 1.ª anterior y comunicarse a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente.

Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses.

Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de éste o por cualquier otra causa, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.

Cinco. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en los apartados tres y cuatro anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:

1.ª No procederá la modificación de la base imponible en los casos siguientes:

a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada.

b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada.

c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 79, apartado cinco de esta ley.

d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos.

Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción de la base imponible realizada de acuerdo con el apartado cuatro del artículo 80 de esta ley para los créditos que se consideren total o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el requisito de acreditación documental del impago a que se refiere la condición 4.ª de dicho precepto.

2.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

3.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha.

4.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos, número 2.º, segundo párrafo de esta ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública.

Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del Impuesto, resultará también deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible.»

miércoles, 24 de febrero de 2010

ANALISIS DE LA NORMA DE VALORACIÓN 9ª DEL NPGC DE PYMES PARA LA CONTABILIZACIÓN DE PRÉSTAMOS BANCARIOS Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

El 16 de noviembre se aprueban los reales decretos 1514/2007 y 1515/2007, por el que se aprueban el Plan General de Contabilidad y el Plan General de Contabilidad para las Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, con vigencia desde el 1 de enero de 2008.

Uno de los cambios que se introducen tanto en el nuevo plan de PYMES como en el de grandes empresas es relativo a la contabilización de los pasivos financieros. En ambos planes de dice que los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado (nominal menos los gastos de formalización) y que los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

La aplicación de este método supone tener que recalcular la tabla de amortización de los préstamos o contratos de arrendamiento financiero aplicando el tipo de interés efectivo, algo que complica significativamente la contabilización de dichas operaciones. Si nuestro programa de contabilidad no dispone de una herramienta que nos permita hacer la nueva tabla de amortización podemos realizarla en una hoja de calcula o intentar buscar una en Internet, y una vez obtenida tenemos que calcular la diferencia entre los intereses pagados al banco en la correspondiente liquidación y los intereses devengados al tipo de interés efectivo.

En el caso de una operación de préstamo la forma de contabilizarlo sería:

1. Por la concesión:

Bancos (Nominal- gastos formalización)

a deudas a C/P con entidades de crédito (520)
a deudas a L/P con entidades de crédito (170)
---------x-----------

2. Por la contabilización del pago de los intereses y la amortización de la deuda según la liquidación practicada por la entidad financiera.

Intereses de deudas (662)
Deudas a C/P con entidades de crédito (520)

a Bancos (572)
---------x-----------

3. En este mismo momento debemos imputar como gasto la parte correspondiente de los gastos de formalización que hemos obtenido de la diferencia de la tabla de amortización facilitada por el banco y la nueva tabla que nos ha facilitado los intereses devengados al tipo de interés efectivo.

Intereses de deudas (662)

a deudas a C/P con entidades de crédito (520)
--------x-----------

4. Por la reclasificación de la deuda a C/P.

Deudas a L/P con entidades de crédito (170)

a deudas a C/P con entidades de crédito (520)
--------x-----------

En lo relativo a la valoración inicial de estos pasivos financieros tanto el Plan General de Contabilidad como el Plan General para Pymes coinciden en el siguiente párrafo:

Valoración inicial

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles”.

Sin embargo el Plan de Pymes continúa diciendo:

“no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros, podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.”

Valoración posterior

“Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.”

No obstante aunque se nos especifica claramente que los intereses se deben de contabilizar aplicando el método del tipo de interés efectivo, si imputamos a pérdidas y ganancias los costes de transacción y las comisiones financieras en el momento de su reconocimiento inicial, el tipo de interés efectivo coincidirá con el tipo de interés nominal simplificando notablemente el registro de la operación al poder registrar las operaciones de acuerdo con la tabla de amortización facilitada por la entidad financiera.

En el caso de una operación de préstamo la forma de contabilizarlo sería:

1. Por la concesión:

Bancos (572)
Otros gastos financieros (669)

a deudas a C/P con entidades de crédito (520)
a deudas a L/P con entidades de crédito (170)
---------x-----------

2. Por la contabilización del pago de los intereses y la amortización de la deuda según la liquidación practicada por la entidad financiera.

Intereses de deudas (662)
Deudas a C/P con entidades de crédito (520)

a Bancos (572)
---------x-----------

3. Por la reclasificación de la deuda a C/P.

Deudas a L/P con entidades de crédito (170)

a deudas a C/P con entidades de crédito (520)
--------x-----------

viernes, 12 de febrero de 2010

EL AVAL BANCARIO EN EL APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS

Mediante la Orden EHA/1030/2009, se amplío de 6.000 € a 18.000 € el importe para aplazar o fraccionar sin garantías el pago de impuestos. Pero pudiera ser que necesitáramos aplazar deudas por importe superior a los 18.000€, en cuyo caso debemos acompañar a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento un compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o un certificado de seguro de caución.

El requerimiento de un aval bancario para el aplazamiento puede desaconsejar el fraccionamiento o aplazamiento de los impuestos, siempre y cuando tengamos otras alternativas de financiación a C/P, ya que además del coste financiero del aplazamiento tendremos que afrontar el coste del aval frente a la entidad financiera.

El coste de un aval bancario puede variar mucho de unas entidades a otras, siendo las comisiones de gestión y formalización las que más encarecen los avales, pudiéndose encontrar importantes diferencias al respecto.

Por poner un ejemplo, un aval de unos 38.000 € nos puede generar unos costes de un 1,75% a la formalización y un 0,75% trimestral durante la vigencia del mismo.

Por otra parte el aval bancario para el aplazamiento de impuestos cubre el importe de la deuda en periodo voluntario, los intereses de demora que genere el aplazamiento/fraccionamiento y de un 25% de la suma de ambas partidas, con lo cual el importe a avalar excede sustancialmente del nominal de la deuda con la agencia tributaria.

Es importante destacar que el aval tendrá vigencia de al menos seis meses después del vencimiento del último plazo concedido en el acuerdo de aplazamiento/fraccionamiento, por lo que al hacer efectivo el último pago debemos exigir a Hacienda un certificado de haber pagado la deuda tributaria, o en su defecto la devolución del aval, con el objeto de cancelarlo y así evitar que la entidad financiera nos siga cobrando por un riesgo que no asume al estar dicha deuda saldada con el erario público.

miércoles, 10 de febrero de 2010

LA GESTIÓN DEL IVA COMO UNA HERRAMIENTA PARA INCREMENTAR LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS

A grandes rasgos el IVA se puede considerar como un impuesto de naturaleza indirecta que recae y graba el consumo, y que recaudan los sujetos pasivos obligados a ingresar la deuda tributaria mediante las oportunas declaraciones-liquidaciones en el lugar, forma y plazos determinados por el Ministro de Economía y Hacienda.

(Artículos 1 y 167 de la Ley 37/1992 y 71 del Reglamento sobre la Naturaleza del Impuesto y su Liquidación).

En tiempos de bonanza económica y crecimiento de las empresas la utilización del IVA como un instrumento generador de liquidez para las empresas ocupaba un segundo plano. Sin embargo, en el actual contexto de crisis económica y problemas de liquidez en muchas empresas, la correcta aplicación de algunas medidas ya existentes que se han visto potenciadas desde la administración, adaptándolas a la actual situación económica, pueden suponer una vía para incrementar la liquidez de las empresas.

Las principales herramientas a disposición de las empresas en este sentido son:

­ Incremento del limite de aplazamiento del IVA de 6.000 a 18.000 € sin aval.

­ Devolución mensual del IVA.

­ Rectificación de facturas impagadas.

El correcto uso de estas herramientas puede permitir a las empresas obtener una liquidez adicional a C/P, algo de gran importancia en un momento de contracción del crédito por parte de las entidades financieras.

Estas y otras medidas se desarrollan en este blog.

miércoles, 3 de febrero de 2010

LAS ZANOHORIAS Y LOS PALOS DE HACIENDA: OJO CON LA DEVULUCIÓN MENSUAL DEL IVA.

El 19 de enero de 2010 se publica en el BOE la resolución de 12 de enero de 2010, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan General de Control Tributario 2010, es decir los criterios preferentes para realizar las inspecciones de Hacienda.

Es de destacar como nada más empezar a leer dicha resolución primero aparece la zanahoria antes de enumerar por donde van a ir los palos, y así en el sexto párrafo se nos destaca que,”la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 18.000 euros, con la que se pretende agilizar y favorecer el mantenimiento de la actividad económica, sin disminuir los mecanismos de calidad que permitan asegurar el cobro de las deudas aplazadas”, medida esta que en efecto se puede considerar muy positiva y adaptada a la realidad económica, ya que el anterior limite de 6.000 euros era un anacronismo de dudosa utilidad.

A continuación, después de decirnos que nos han regalado un caramelo, nos dicen por donde van a ir los palos, destacando aquí solo unos pocos por estar relacionados con el contenido de este blog.

Y así entre las áreas de riesgo fiscal de atención preferente, se enumeran una serie de actuaciones de control intensivo, entre las que nos encontramos las siguientes:

g) Atendiendo a la actual situación económica, se incluirán programas de actuación tendentes a prevenir la presentación de declaraciones periódicas con importes inferiores a los que procede declarar, poniéndose un especial acento en materia de retenciones e IVA de 2010 para evitar traslados de saldos a períodos impositivos siguientes así como la aplicación de tipos o bases de tributación inferiores a los legalmente procedentes.

Es decir, si la empresa carece de liquidez para hacer frente a los pagos, debe de fraccionarlos y pagar los respectivos intereses a hacienda, intereses que a día de hoy son de 5%, y que viendo como los bancos suben los tipos de interés en la financiación a C/P, tanto en descuento de efectos como en prestamos bancarios, se puede considerar una buena fuente de financiación a C/P. Otra opción es facturar los albaranes a principio del siguiente en lugar de fin de mes cuando toca liquidación, pero esto es algo que puede dar muy mala imagen de cara a los clientes y que muy pocas empresas hacen, ya que a lo mínimo que se exponen es a las protestas de los clientes.

Otra zanahoria de la que disfrutaron los contribuyentes en 2009 fue la posibilidad de pedir la devolución mensual del IVA, para lo cual la Agencia Tributaria nos doto de las herramientas necesarias para ello que se pueden ver pinchando el enlace anterior, pero ya ese mismo año nos advertían con que esa zanahoria podría resultar indigesta y así en la resolución de 21 de enero de la Dirección General de la AEAT, por la que se aprueban las directrices generales del Plan General de Control Tributario para 2009, ya se nos advertía en su apartado j) que decía que “en el año 2009, cobrará una especial relevancia el control de las solicitudes de devolución de IVA a raíz de la aprobación del nuevo régimen de devoluciones mensuales. Ello hará que, junto con el tradicional control de las solicitudes de IVA 2008, se deba realizar un esfuerzo extraordinario en materia de control de sujetos que soliciten el acceso al Registro de Devolución Mensual así como al específico control de las solicitudes de devolución que mensualmente se vayan presentando al objeto de evitar la realización de devoluciones indebidas por parte del Tesoro.”

Y por si alguien no se entero este año nos lo recuerdan y recalcan en el apartado m) que dice que “en el año 2010, se mantiene como área de especial atención el control de las solicitudes de devolución de IVA, tanto de carácter anual como mensual, todo ello con el fin de evitar que se realicen devoluciones indebidas por parte del Tesoro.”.

Debemos considerarnos pues avisados de que si nos comemos la zanahoria podemos llevarnos un palo, porque aunque se tenga todo en regla sufrir una inspección de Hacienda no es plato de buen gusto y supone una pérdida de tiempo y recursos muy valiosos en los actuales tiempos.

Pero por si no nos hemos enterado en el apartado referente a las actuaciones de control extensivo no tienen desperdicio los apartados a) y b)

a) En el área del control censal, tendrán especial relevancia en 2010 las actuaciones de control de acceso al Registro de Devolución Mensual

b) En 2010, se mantendrá el análisis mediante herramientas informáticas de la procedencia de devoluciones sobre la base de parámetros de riesgo recaudatorio. Se prestará especial atención al control de las devoluciones de IVA solicitadas por contribuyentes inmersos en tramas de fraude. Asimismo, se evaluarán los riesgos recaudatorios de aquellos contribuyentes inscritos en el Registro de Devolución Mensual. Por otra parte, se intensificará el control de las declaraciones presentadas por contribuyentes acogidos al Régimen Especial de Grupos de Entidades en relación con la correcta aplicación de este régimen, prestando especial atención a aquellos que tengan derecho a obtener devoluciones mensuales.

Menos mal que en el apartado q) se nos dice que continuarán llevándose a cabo actuaciones dirigidas al desmantelamiento financiero de las redes de narcotraficantes y contrabandistas y la localización e intervención de activos procedentes de estos delitos.

Aunque quizás para el año se dediquen menos esfuerzos a perseguir estos delitos y se redoblen los esfuerzos en perseguir a los presuntos defraudadores que osen estar inscritos en el Registro de Devolución Mensual.

miércoles, 27 de enero de 2010

Desde el 1 de enero es obligatorio incluir la domiciliación bancaria en el aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias.

El 1 de octubre de 2009 entro en vigor la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Con la entrada en vigor de esta Orden se extiende el uso de la domiciliación bancaria como forma de pago de las deudas tributarias. La domiciliación bancaria que inicialmente se aplicó únicamente como medio de pago del segundo plazo del I.R.P.F., se extendió, en virtud de la Orden Ministerial de 13 de marzo de 1998, a los ingresos resultantes de los modelos 131 del I.R.P.F. correspondientes a empresarios en régimen de estimación objetiva y 310, de declaración-liquidación ordinaria del régimen simplificado del IVA, ampliándose su uso en virtud de la Orden Ministerial de 26 de julio de 1999, en la que se contempló la posibilidad de domiciliar los ingresos de aplazamientos y fraccionamientos de deudas.

La generalización de la domiciliación como medio de pago culminó con la aprobación de la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre, que en su artículo 1 extiende la domiciliación al pago de un notable número de autoliquidaciones, siempre que la presentación de las mismas se efectúe por medios telemáticos.

Con esta Orden se hace uso de la facultad prevista en el artículo 46.2, letra f), del Reglamento General de Recaudación y se establece la domiciliación bancaria como medio de pago obligatorio en los casos de aplazamientos y fraccionamientos concedidos por los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La utilización de la domiciliación como medio de pago obligatorio de los aplazamientos y fraccionamientos será exigible respecto de aquellas solicitudes que se presenten ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria a partir del día 1 de enero de 2010. Hasta esa fecha, todos los aplazamientos o fraccionamientos concedidos cuya forma de pago sea la domiciliación tendrán necesariamente como fecha de vencimiento de cada uno de los correspondientes plazos el día 20 de cada mes o inmediato hábil siguiente.

Dicha medida cobra especial relevancia en el contexto actual de crisis económica, ya que debe ser tenida en cuenta por muchas empresas que ante la falta de liquidez y la posibilidad de aplazar las deudas tributarias inferiores a los 18.000 €, recurren al aplazamiento se sus deudas con Hacienda.